¿Fallas de Mercado o Fallas de Estado?

Fallas de mercado

En Colombia, como en muchas democracias en desarrollo, se suele justificar la intervención estatal por las llamadas “fallas del mercado”: donde hay monopolios, desigualdad o servicios esenciales costosos, el Estado debe actuar. Pero poco se habla de las consecuencias cuando el Estado falla. ¿Quién corrige entonces la falla del Estado? ¿Y quién paga el precio cuando el remedio termina siendo peor que la enfermedad? Este artículo, advierte que muchas intervenciones estatales, en lugar de corregir, terminan agravando los problemas. No es solo una cuestión técnica: es una lógica institucional que la teoría de la elección pública ha explicado con claridad, mostrando cómo políticos y burócratas también persiguen intereses propios.

La teoría de la elección pública, desarrollada por economistas como James Buchanan (Premio Nobel en 1986) y Gordon Tullock, parte de un principio simple pero poderoso: los funcionarios públicos, los políticos y los burócratas también responden a incentivos. No son planificadores desinteresados ni guardianes del bien comúnSon seres humanos que buscan poder, estabilidad, votos, presupuesto o influencia. Por lo tanto, las decisiones estatales no siempre responden a criterios de eficiencia social, sino a lógicas de autopreservación política, alianzas de poder o presiones de grupos organizados. Uno de los conceptos clave en esta teoría es el de “búsqueda de rentas”, que describe el fenómeno por el cual grupos de interés intentan obtener beneficios económicos no a través de la producción o la innovación, sino mediante el acceso privilegiado al poder político. Es decir, compiten por influir en las decisiones del Estado para lograr subsidios, regulaciones favorables, barreras a la competencia o contratos estatales, todo ello sin crear valor para la sociedad. La riqueza no se genera: se redistribuye arbitrariamente, y muchas veces se destruye en el proceso. En el fondo, la búsqueda de rentas no solo redistribuye mal los recursos: debilita la innovación, castiga al que compite limpiamente y alimenta la percepción de que el éxito depende del favor político y no del mérito. Este tipo de comportamiento florece especialmente en entornos donde el Estado concentra muchas funciones económicas, donde la regulación es opaca y donde los mecanismos de control y rendición de cuentas son débiles. Cuanto más interviene el Estado en la economía, mayor es el botín por capturar, y más intensos son los esfuerzos por influenciar sus decisiones. El problema no es solo de intenciones, sino de diseño institucional.

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