En el núcleo de las empresas estatales yace un dilema crucial: ¿quién ejerce el verdadero control en estas organizaciones? ¿Es el Estado como propietario o el ejecutivo de turno quien toma las riendas? Este cuestionamiento cobra vida en casos emblemáticos como los de EPM y Ecopetrol, donde las decisiones del gobierno de turno han desafiado el principio fundamental del gobierno corporativo. Sin embargo, existen ejemplos en otros países donde el poder ejecutivo no ejerce un control tan directo sobre las empresas estatales, lo que arroja luz sobre posibles modelos alternativos.
EPM y Ecopetrol, dos pilares empresariales en Colombia, han enfrentado desafíos significativos en su gobernanza corporativa. Bajo la intervención inadecuada del exalcalde Daniel Quintero y del Presidente de la República, respectivamente, ambos casos han generado debates sobre la participación del ejecutivo. En ambas organizaciones, el «Ejecutivo» se convierte en el representante de la propiedad, el gobierno y la dirección, al mismo tiempo que ejerce un poder absoluto en contravención de las buenas prácticas.
En el escenario legal, el marco jurídico que rige las empresas estatales presenta luces y sombras. Aunque existen disposiciones legales que establecen la separación de poderes entre el Estado como propietario y el gobierno de turno, la realidad a menudo difiere de la teoría. Por ejemplo, el «Código de Propiedad», una iniciativa del Ministerio de Hacienda de Colombia, busca establecer directrices claras para fortalecer el gobierno corporativo en las empresas estatales. Sin embargo, su efectividad se ve empañada por la debilidad de los mecanismos de supervisión y aplicación, dejando un vacío entre las buenas intenciones y la implementación práctica. En la práctica, el modelo de los gestores de propiedad está viciado desde el inicio, ya que son meros mandaderos de la dirección general de participantes estatales del ministerio.
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