Progreso Familias Empresarias

Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Las tensiones institucionales, el crecimiento desbordado del aparato estatal, la pérdida de confianza en la justicia, la inseguridad, el retroceso educativo y el freno al emprendimiento están afectando la posibilidad de que las personas construyan libremente su futuro. En este contexto, las familias empresarias, que han sido un motor silencioso de desarrollo, no pueden mantenerse neutrales. La propuesta L3P del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) no es simplemente una plataforma técnica o una estrategia electoral; es una hoja de ruta integral para liberar el potencial de las personas y del país, redefiniendo el rol del Estado para que se enfoque en lo esencial y devuelva al ciudadano la libertad de emprender, innovar y progresar.

Para ilustrar el impacto que un Estado sobredimensionado puede tener sobre el tejido empresarial y familiar, pensemos en la historia de una familia oriunda del Eje Cafetero que ha dedicado más de tres generaciones a construir una agroindustria sólida, basada en el cultivo de aguacate Hass y su transformación para mercados de exportación. El abuelo, un antioqueño con espíritu emprendedor, inició el negocio con cinco hectáreas, una mula y el respaldo incondicional de su esposa. Sus hijos consolidaron la cadena de valor, invirtiendo en tecnología, buenas prácticas agrícolas, certificaciones internacionales y procesos de trazabilidad que abrieron las puertas a Europa y Norteamérica. Hoy, los nietos están listos para liderar el proceso de expansión, con proyectos ambiciosos que incluyen una planta de extracción de aceite, una alianza con un centro de investigación, y un modelo de encadenamiento productivo con pequeños cultivadores. Sin embargo, en los últimos años, este proyecto de crecimiento se ha ido debilitando frente a un entorno hostil. Las cargas regulatorias han aumentado de forma arbitraria: nuevas licencias ambientales, permisos de vertimiento exigidos con requisitos contradictorios, visitas de funcionarios sin coordinación entre instituciones y una sobrecarga tributaria que pone en riesgo la viabilidad financiera del negocio. La inseguridad en la región ha escalado al punto que algunos proveedores no se atreven a transitar de noche, y han tenido que contratar seguridad privada para proteger las rutas de distribución. La inversión en una nueva planta quedó congelada porque, luego de tres años de trámites, una oficina regional de licencias negó la autorización con argumentos políticos. A esto se suma la incertidumbre jurídica: cambios normativos repentinos, amenazas a la propiedad rural y discursos gubernamentales que estigmatizan a los empresarios como enemigos del pueblo. Los miembros más jóvenes de la familia, que se formaron en universidades de prestigio, sienten que su lugar no está en Colombia. Han empezado a explorar oportunidades fuera del país, no porque no amen el legado de sus abuelos, sino porque sienten que todo está en su contra. Los mayores, por su parte, viven un dilema ético: ¿deben seguir insistiendo en crecer en su tierra, con riesgo patrimonial, emocional y personal, o deben reducir su operación para proteger lo que queda? La historia de esta familia no es única. Se repite con otros nombres y otros productos, pero con las mismas emociones: frustración, miedo, impotencia, y una sensación de injusticia profunda. El país pareciera castigar a quienes crean empleo formal, pagan impuestos y reinvierten en el territorio…

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Del estancamiento al progreso: una hoja de ruta para las familias empresarias que aún creen en Colombia