Efectos en el gobierno corporativo por el fallo de la Contraloría sobre Reficar

Es realmente sorprendente ver el fallo que hace la contraloría contra los “Administradores”, después de que la procuraduría había dejado claro que la junta directiva y sus ejecutivos habían cumplido con su debida diligencia.

Por Gonzalo Gómez Betancourt

Ser miembro de junta directiva y/o ejecutivo de una empresa (Administrador en términos legales), es una profesión que exige conocimiento y experiencia, debido a que la actual legislación colombiana (Ley 222 de 1995 y Código de Comercio) los hace responsables con su propio patrimonio por los perjuicios generados a las empresas, los socios o terceros como consecuencia de actos de acción u omisión que impliquen violación de sus deberes fiduciarios. Inclusive, no sólo los socios sino cualquier tercero que se considere afectado por las acciones u omisiones de los administradores puede adelantar una demanda y éstos en su defensa estarán obligados a demostrar la debida diligencia de sus actuaciones.

La debida diligencia de un administrador debe ser observada por un juez imparcial por medio de evidencias que demuestren que los miembros actuaron con lógica empresarial (la de un buen hombre de negocios), mirando alternativas, consultándolas con expertos y deliberando entre los miembros. En ese sentido, pretender asimilar la debida diligencia con un resultado económico positivo, no sólo resulta equivocado a la luz de las normas comerciales colombianas, sino además altamente desestimulante para los administradores cuya principal tarea es precisamente tomar decisiones arriesgadas en el mundo de incertidumbre de los negocios que se traduzcan en mayores beneficios para las organizaciones. Precisamente, aplicando estos parámetros, la Procuraduría General de la Nación (PGN) en sus funciones de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas, falló en favor de los administradores de Reficar. Lo increíble del tema es que ahora la Contraloría General de la República (CGR) que tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, haya proferido un fallo contrario a la procuraduría, haciendo responsables fiscales a los administradores y contratistas de Reficar por 2,9 billones de pesos, algo totalmente insólito. Los argumentos son realmente pobres, y lo peor, hacen ver a estas personas como si estuvieran envueltos en actos de corrupción, por un detrimento patrimonial que no existe de ninguna manera, esto no es Odebrecht.

He tenido la oportunidad de ver la trayectoria empresarial de personas como Javier Genaro Gutiérrez, uno de los mejores presidentes que ha tenido Ecopetrol en su historia, así como algunos miembros de la junta directiva en su momento como Hernando José Gómez, del cuál siempre he tenido la mejor referencia, o de Uriel Eduardo Salazar, que estuvo muchos años en el sector energético y que por razones profesionales los he conocido como personas intachables y buenos profesionales. A los demás no los he conocido, pero supongo que son personas que se han ganado la vida trabajando de manera ardua para haber llegado a estas altas posiciones. Señores, la contraloría no ha demostrado que estas personas robaron, no es así, no hubo corrupción, lo que la contraloría ha determinado es que, según su definición de detrimento patrimonial, de hecho, bastante particular, es que el VPN (Valor presente neto) del proyecto con sus adiciones presupuestales es negativo. No creo que debamos hacer un curso de finanzas para explicar que las adiciones presupuestales que no tenía contemplado el proyecto en un inicio están en los activos de Reficar. Es cierto que hubo un mayor valor de ejecución del proyecto, también es cierto que hubo sobrecostos de este, no he conocido “megaproyecto” que no tenga desviaciones, lo raro es que alguien a priori atine con el cumplimiento del presupuesto.

El problema de todo esto después de profundizar, fue que Reficar heredó a CB&I, cuando Reficar estaba bajo el control de Glencore, este último contrató a CB&I, bajo la modalidad llave en mano con modalidad de pago de costos reembolsables. CB&I había presentado un presupuesto inicial de USD 3.777 millones, ya sin Glencore, la Junta empezó a revisar las opciones que tenían frente a este contratista debido a que se dieron cuenta que esta firma había cometido serias irregularidades, además de haber subestimando el costo del proyecto en horas hombre que habían calculado en  2 millones y que terminaron siendo 4 millones, así como costos de materiales de construcción, e incluso tuvieron también dificultades climáticas, como le pasa a cualquier constructor, las cuales aumentaron los costos de contratación de maquinaria y equipos, así como huelgas y fallas en la gestión de este contratista. Entonces en realidad no se puede decir que el proyecto costaba USD 3.777 millones y terminó en USD 8.016 millones, o como dicen algunos que costó más del doble, cuando en realidad el valor inicial estaba mal calculado, este punto también fue estudiado por otra firma internacional que ratificó que el valor tuvo errores de cálculo. Efectivamente, la Junta tuvo la precaución de estudiar y documentar todo para entablar una demanda contra CB&I, lo que realizó en el año 2015. Pero se vio en la necesidad de seguir el proyecto pese a lo encontrado, ya que los efectos de parar el proyecto hubieran sido mayores a los de continuar, por lo que estudiaron el contrato con tres firmas extranjeras que recomendaron seguir con el contratista.

En conclusión, la verdad es que la refinería existe y sus activos están en el balance que muestra más de 29 billones de activos, además es una refinería que gana dinero, y que incluso le ha evitado la importación de más de USD 1.500 millones de dólares de productos de refinación de petróleo. Espero que esta decisión no sea de carácter político, pasando por encima de personas de bien, sino más bien un tema conceptual que puede ser explicado por expertos financieros. Aquí los ejecutivos ni los miembros de junta se robaron algo, pero los efectos secundarios de este fallo para el gobierno corporativo no tienen precedentes; ¿quién en su sano juicio querrá ser ahora un ejecutivo de alto nivel o miembro de una junta directiva de una compañía del estado?, ¿quién estaría dispuesto a que le quiten todo su dinero ganado con trabajo y sudor genuino?, ¿qué empresa de seguros estaría dispuesta a emitir una póliza de responsabilidad de administradores para cubrir semejantes cifras de un proyecto estatal? Pues la repuesta es simple, los buenos no, y si alguien lo hace, no se atreverá a hacer un proyecto más, ya que, incluso mostrando la debida diligencia, nada importó y se falló en contra. Este hecho va más allá, es un fallo en contra del buen gobierno corporativo en Colombia.

Ph.D – CEO Legacy and Management Consulting Group.